Tardà explica que con su frase 'muera el Borbón' se refería a la institución y no a la persona

El diputado de ERC pronunció la polémica consigna este sábado en un acto contra la Constitución

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, ha emitido un comunicado para defender sus polémicas declaraciones realizadas en la noche del pasado sábado, en un acto contra la Constitución española celebrado por las juventudes del partido independentista en Barcelona. En dicho marco, el parlamentario gritó "¡Viva la República, muera el Borbón!", y aseguró que el Tribunal Constitucional es una institución corrupta, declaraciones que han provocado una airada polémica en la que ha llegado a participar el presidente de la Cámara Baja, José Bono.

En la nota de prensa emitida a los medios, el diputado catalán explica que la expresión "se refiere a una crítica a la monarquía como institución, en ningún caso se tiene que interpretar dirigida a una persona física". Además, Tardà afirma que la frase debe ser entendida en el contexto de "la historia de Cataluña, con lo que ha sido siempre un grito que conmemora la Guerra de Sucesión y los hechos de 1714", momento en que Barcelona se rindió a las tropas de Felipe V. Tardà ha añadido que nunca ha "deseado la muerte de nadie" y que su "larga experiencia política, siempre en el marco de los valores democráticos y de progreso, así lo avala".

Bono y Rojo critican la expresión

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha comentado, en declaraciones a la Cadena Ser, que la frase pronunciada por el parlamentario de ERC es "un exabrupto", mientras que durante las jornadas de puertas abiertas celebradas este domingo Bono calificaba al diputado independentista como una persona "muy emotiva, muy primaria", por lo que la frase no sería pronuciada "de manera reflexiva".

Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, cree que el grito del diputado Tardà es un insulto a "todos los españoles". "Los responsables políticos y en este caso un diputado, o un senador, tenemos un poquito más de responsabilidad que el resto de los ciudadanos... más si te están pagando por eso", ha señalado Rojo a la Cadena SER.



Vídeo cedido por TVE:

ETA asesina a uno de los constructores de la 'y vasca'

Dos hombre tirotean a Ignacio Uria, cuya empresa construye un tramo de la línea vasca de alta velocidad


El gerente de la empresa constructora Altuna y Uria, Fernando Lucas (a la derecha) junto al diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, llegan al lugar del atentado/ EFE

Con tres tiros, uno de ellos mortal, la banda terrorista ETA terminaba hoy a mediodía con la vida del empresario vasco Ignacio Uria, de 71 años, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Dos presuntos terroristas, de unos 30 años de edad, asestaban balazos a quemarropa a quien era miembro del consejo de administración de la constructora Antuna y Uria, que trabaja en las obras del trazado ferroviario de la Y vasca entre Arrazua y Legutiano. Esta línea de alta velocidad, que unirá las tres capitales vascas, está en el punto de mira de los violentos desde el inicio de su construcción. Además, según fuentes policiales, el empresario había recibido varias amenazas en los últimos años por no pagar el impuesto revolucionario.

El empresario, padre de cinco hijos, se dirigía al restaurante Kurikuri a donde acudía habitualmente a jugar a las cartas. El hecho de que casi diariamente siguiese la misma rutina, así como la falta de escolta, facilitó la tarea de los terroristas, que le dispararon cuando caminaba por la Plaza de San Ignacio de Loyola de la localidad vasca. Hasta allí se desplazaron los servicios sanitarios, que intentaron reanimarle sin éxito. Con esta muerte son cuatro las víctimas fallecidas en manos de ETA en lo va de año.

Mantienen la imputación contra presidente del PP canario por el 'caso salmón'

Jose Manuel Soria, ayer, a la salida de los Juzgados de Las
Palmas de Gran Canaria

La jueza mantiene las acusaciones por cohecho y prevaricación tras escuchar a José Manuel Soria

La causa contra el presidente del Partido Popular en Canarias y Vicepresidente del Gobierno autónomo, José Manuel Soria, por un supuesto caso de cohecho y prevaricación en la concesión de licencias turísticas sigue a delante. Tras la declaración hecha ayer por el también consejero de economía del Gobierno canario, la jueza instructora, Margarita Varona, ha mantenido las imputaciones que recaen sobre él y el secretario general del partido, Manuel Fernandez, en el marco del llamado "caso Salmón".

Soria fue el primero en declarar en el día de ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el interrogatorio, que tuvo una duración de dos horas, la propia fiscal Varona y el fiscal Anticorrupción Luís del Río, escucharon los argumentos del líder del PP canario, quien defendió en todo momento su inocencia y aseguró que se trata de una campaña de descrédito iniciada por el periodista denunciante, Carlos Sosa, y auspiciada por el Partido Socialista. El vicepresidente del gobierno canario se presentó además en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con extractos bancarios y facturas con las que pretendía demostrar que el empresario noruego Bjorn Lyng no había pagado sus vacaciones en 2005 a cambio de un supuesto trato de favor. Sin embargo, según informa el diario grancanario LA PROVINCIA, el político admitió ante la magistrada que el trayecto de ida hasta Noruega se llevó a cabo en el 'jet' privado del empresario.

El llamado caso Salmón tiene como origen la denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa a raíz un viaje efectuado en 2005 por Jose Manuel Soria, por entonces presidente del Cabildo insular de Gran Canaria, hasta Noruega a pescar salmón. Este viaje se habría llevado a cabo a bordo del 'jet' privado del empresario nórdico Bjorn Lyng, propietario del complejo turístico Anfi Tauro, al sur de Gran Canaria, unos meses antes de que la institución presidida por Soria informara favorablemente sobre las más de 3.600 nuevas camas turísticas que pretendían construirse en dicho establecimiento. Este informe favorable resultaba indispensable para que el trámite de aprobación de las licencias turísticas siguiese adelante en el ámbito autonómico, puesto que en Canarias está vigente una Ley de Moratoria Turística que impide la construcción de nuevas plazas hoteleras, exceptuando algunas condiciones entre las que se encuentra la declaración de una obra como de "interés general" por el Parlamento, a petición de alguno de los cabildos insulares.

La división de IU deja a la formación sin coordinador general

14 personas son designadas para dirigir la coalición hasta que se elija un líder de consenso

España estará en la Cumbre del G20

Francia asegura un puesto a Zapatero en la reunión de Washington

Finalmente será el G20 más uno, y ese uno es España. El próximo 15 de noviembre el presidente del Gobierno español, Jose Luís Rodríguez Zapatero, tendrá un asiento reservado en la cumbre en la que los principales líderes mundiales pretenden sentar las bases de un nuevo sistema financiero mundial. Francia, que acudirá a la reunión en el puesto que le corresponde por ostentar la presidencia de turno de la U.E., ha decidido ceder el otro lugar que tenía asignado a España, con lo que se cierra la polémica generada acerca de la conveniencia de que el Gobierno español participe en un encuentro en el que se sentarán las ocho economías más industrializadas del planeta (el llamado G8) y las conocidas como "potencias emergentes" (entre las que se invluyen India, China, Brasil, México o Sudáfrica).

La noticia ha sido dada a conocer a través de un comunicado emitido por la Presidencia francesa de la U.E. a última hora de este viernes. En él se subraya que España estará en la Cumbre de Washigton por ser la octava economía del mundo. Durante la tarde, el presidente de turno de la UE, Nicolas Sarkozy, aseguró en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, celebrada en Bruselas, que no le planteaba "ningún problema" el que España ocupara uno de los dos asientos con derecho a voto que le corresponden a Francia y que lo defendería ante EEUU, matizando que depende del anfitrión, George Bush, la decisión final que se deba tomar al respecto.

Por su parte, el presidente español ha reiterado que España debería estar en la Cumbre por su peso económico y político. Según dijo el Gobierno, la presencia debe ser con un papel protagonista, es decir, ocupando uno de los asientos con derecho a voto. En el caso de que no fuera así y sólo fuera invitada en una simple posición de oyente, podría desestimar su presencia en la reunión.

Al mismo tiempo, José Luis Rodriguez Zapatero ha señalado al principio de su intervención que "la UE lleva una propuesta común y fuerte" ante la Cumbre de Washington, y se ha referido a "la reforma en beneficio de los ciudadanos" que combata "el afán desmedido de lucro" y apueste por la transparencia, control y supervisión en toda la actividad financiera y que reforme el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) "para que realice de forma más eficaz su labor".

Las polémicas opiniones de la Reina Sofía llegan al Parlamento

Pilar Urbano, autora de la obra 'La Reina, muy de cerca'.

El Congreso admite a trámite cuatro preguntas de ICV sobre el libro de Pilar Urbano

La polémica por las declaraciones recogidas en el libro 'La Reina, muy de cerca', escrito por la periodista Pilar Urbano, sigue teniendo recorrido en la escena política estatal. Aunque será sin micrófonos, finalmente el Ejecutivo deberá responder sobre la Monarquía. Iniciativa per Catalunya- Verds (ICV) ha conseguido colar en el Congreso cuatro preguntas sobre doña Sofía y sus sorprendentes declaraciones acerca de asuntos como el matrimonio homosexual, la eutanasia o el aborto. Ayer, la Mesa del Congreso de los Diputados decidió admitirlas a trámite, por unanimidad de todos los grupos representados (PSOE, PP, CiU y PNV). Así, se las lleva al Gobierno para que las conteste por escrito y para eso, teóricamente, éste dispone de 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El diputado de ICV, Joan Herrera, quiere saber mediante esta batería de preguntas si el Gobierno de Jose Luís Rodríguez Zapatero tuvo conocimiento en algún momento del contenido del libro antes de su publicación. Además, el parlamentario catalán pretende conocer también la opinión del Ejecutivo sobre las "supuestas" declaraciones de Doña Sofía, que han sido el centro de numerosas críticas, fundamentalmente de los colectivos homosexuales, pero también de algunas fuerzas políticas.

Por último, ICV busca que el Gobierno se pronuncie sobre si la Reina ha sido "prudente al manifestar "convicciones personales" a la periodista Pilar Urbano "independientemente de si las hizo en el ámbito privado -como defiende la Casa Real- o público"

CC reclama "más soberanía" y "bilateralidad" en las relaciones con España

Los nacionalistas canarios cierran su IV Congreso eligiendo a Claudina Morales como presidenta

Nerviosismo de puertas adentro y polémica en el panorama político canario y estatal. Ambos han sido los resultados del movido IV Congreso Nacional que Coalición Canaria, formación política que gobierna en el archipiélago desde 1993, celebró el pasado fin de semana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Plamas de Gran Canaria. Lo más difícil parecía la elección del nuevo lider de la formación nacionalista. La designación de Claudina Morales como presidenta ni siquiera se barajaba hasta bien entrada la madrugada del domingo, cuando dos eran los nombres en liza: José Torres Stinga y Manuel Lobo. La imposibilidad de acercar posiciones entre las dos fracciones hicieron necesaria la improvisación de una tercera vía alternativa y de consenso, con lo que Morales, ex-senadora y actual concejala en el ayuntamiento de La Oliva, resultó elegida por aclamación. Pero si las horas previas a la designación fueron de infarto, la polémica ha vuelto a tocar a la puerta de los nacionalistas a cuentas de su recién aprobada ponencia ideológica, en la que reclaman la biletarilidad en las relaciones de Canarias con España y Bruselas, y reivindican un "status especial" para las islas, que permita "más soberanía" en el marco de un estado confederal.

La ponencia ideológica aprobada el pasado fin de semana por el Congreso de la formación, encargada al consejero de Empleo del Gobierno autónomo, Jorge Rodríguez, recoge la reivindicación nacionalista de que el Estado español reconozca los "derechos nacionales" del pueblo canario, y que estos sean recogidos en un "Estatuto Nacional Federal", que defina las peculiaridades del Archipiélago y un "status especial" para las Islas. Especialmente aclaratorio resulta el apartado del documento titulado "la construcción nacional de Canarias", en donde se apunta que Canarias es "una nación, un pueblo que quiere seguir progresando, siendo más soberano y libre". Por su parte, una de las reflexiones anexas a la citada ponencia ideológica apuntan que "no existe la nación española, ni el pueblo español como tal". Estas tesis parecen seguir la línea soberanista que ya el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha venido apuntando en los últimos meses, en los que ha escrito varios artículos en la prensa insular defendiendo un nuevo status político para Canarias, similar al que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Reacciones
Las reacciones a la nueva estrategia marcada por Coalición Canaria no se han hecho esperar. El pasado lunes el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, manifestó en rueda de prensa que "si el PP tuviera principios rompería inmediatamente la coalición de Gobierno" que en Canarias mantiene con CC desde las pasadas elecciones autonómicas, y que seguir en él "es incompatible" con las recriminaciones que este partido ha efectuado en el pasado al PSOE de "gobernar con partidos que rompían España". Por su parte, el Partido Popular, socio de la coalición nacionalista, rechazaba las posiciones soberanistas defendidas por CC. La secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, salió en rueda de prensa en defensa del Estado de las Autonomías fijado en la Constitución de 1978 y señaló que el acuerdo de gobierno que su formación tiene suscrito con Coalición Canaria "de ninguna manera habla de estos términos".
De Cospedal subrayó que el Partido Popular "ni con pacto ni sin pacto" con Coalición Canaria piensa amparar las demandas planteadas por el partido nacionalista en su congreso.

La fiscalía recurre el proceso de Garzón contra el franquismo

El Ministerio Público considera que se trata de crímenes comunes y ya prescritos

La fiscalía de la Audiencia Nacional pretende poner freno a la iniciativa del juez Baltasar Garzón de abrir causa a las atrocidades cometidas por el régimen franquista y sus principales dirigentes. El fiscal Javier Zaragoza considera, tal y como señala el recurso presentado en el día de ayer, que la represión que costó la vida a más de 100.000 personas del bando republicano no puede ser calificada como actos de crímenes contra la humanidad, sino que se trata de un conjunto de delitos comunes. Al contrario, el ministerio público apunta que el golpe de estado contra la República puede ser entendido como un delito de rebelión, por lo que la competencia hubiera correspondido a la jurisdicción militar, y no a la Audiencia Nacional. Además, la fiscalía sostiene que la Ley de Amnistía de 1977 debe ser aplicada en este caso, por lo que considera que se trata de delitos ya prescritos.

El recurso presentado por el fiscal Zaragoza es especialmente duro con el juez Garzón, acusando al magistrado de haber creado "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española". El documento, de 41 páginas, considera que al admitir a trámite el caso, Garzón abre una "causa general" al extender su investigación a todos los asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos desde la sublevación militar de 1936 hasta la posguerra. "La pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución"


Crímenes contra la humanidad
El juez Baltasar Garzón ha basado su auto contra la represión ejercida durante la Guerra Civil y el franquismo sobre el principio de que todos los que murieron fusilados y cuyos cadáveres no han aparecido son en realidad secuestros con desaparición forzosa, en un contexto de crímenes contra la humanidad, todo ello enmarcado en un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos. Este tipo de delitos, apunta el auto, no prescriben, sino que se mantienen de forma permanente, hasta que el secuestrado no aparezca o se encuentre su cadáver.
Para salvar el hecho de que no se pueden aplicar de forma retroactiva leyes penales que no estuviesen tipificadas en el momento en que se produjeran los hechos, Garzón apela a que se trataba de delitos comunes, como asesinatos, torturas, violaciones, saqueos, etcétera, tipificados ya en el Código Penal de 1932. Se acoge también el juez a la denomina cláusula Martens, aplicada a los nazis durante los juicios de Nuremberg, y que considera reconocida por el derecho internacional y natural.

Los Presupuestos alientan la división de la derecha navarra

Los Presupuestos Generales del Estado van camino de convertirse en motivo de divorcio para el PP y su hasta ahora “filial” navarra, Unión del Pueblo Navarro. La negativa de los regionalistas a apoyar la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado en el Congreso a las cuentas estatales ha motivado un cruce de acusaciones que podría conducir al final de la coalición entre ambas formaciones, y la subsiguiente constitución de un PP navarro con estructura propia.

El plazo de esta deriva ya está fijado. El próximo 23 de octubre los dos diputados de UPN tendrán que decidir entre respetar la decisión del último Comité Ejecutivo de su formación, que optó por la abstención, o hacer caso a las llamadas a la unidad de acción emitidas desde Génova. Sin embargo, a pesar de la inminencia de la votación, las posiciones parecen alejadas. El Partido Popular, hasta hace poco conciliador en cuanto a la posibilidad de resolver la crisis, emitía ayer un nuevo comunicado en el que expresaba que la falta de apoyo a la enmienda presentada por el PP “supondría que UPN actúa en contra del acuerdo y provocaría una ruptura unilateral por parte de UPN, ruptura que se produciría sin necesidad de denuncia a través de los hechos consumados”. Lo más novedoso es la amenaza implícita a conformar una estructura propia en la Comunidad Foral, al apuntar el comunicado que “es absolutamente irrenunciable para el PP garantizar la presencia de nuestro proyecto político en todo el territorio nacional y, por lo tanto, en Navarra”.

Del otro lado, el diputado regionalista Carlos Salvador afirmaba ayer ante los periodistas que él apuesta por la abstención, argumentando que “en Navarra no valen las dinámicas PP-PSOE o izquierda-derecha que hay en el resto de España. Allí los socialistas nos apoyan en casi todo, existe una relación muy fluida, y algún peaje lógico debemos pagar para separarles de Nafarroa Bai”. Por su parte, el presidente navarro y líder de UPN, Miguel Sanz, parece haber comenzado a calibrar las consecuencias del fin de la coalición. “Yo creo que para UPN no sería ni malo ni bueno, de lo que sí estoy convencido es de que sería malo para el PP”, explicaba el domingo en los actos de conmemoración de la Virgen del Pilar en Pamplona.

El PSN-PSOE, en medio
Los populares no tardaron en responsabilizar al Partido Socialista de la decisión de UPN de abstenerse a la enmienda presupuestaria, resultado de “una coacción clara, abierta y diáfana”, en palabras del portavoz de la formación conservadora, Esteban González Pons. En el PP consideran que el partido de Miguel Sanz se encuentra atado de pies y manos por el PSN, que permite el gobierno en minoría de los regionalistas en la Comunidad Foral. Precisamente, la falta de acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas de Nafarroa Bai, decidida desde Ferraz tras las elecciones autonómicas de junio de 2007, permitió la reelección de Sanz como presidente de la Comunidad.

Desde el PSOE, su vicesecretario general, José Blanco, alababa ayer la decisión de UPN de abstenerse en la votación de los presupuestos, una determinación que consideró “responsable y adecuada”, al tiempo que negó cualquier tipo de presión por parte de los socialistas navarros en este sentido. “Quiero desmentir que UPN haya sido presionada o chantajeada como algunos quieren poner de manifiesto”, sentenció Blanco, tras afirmar que su partido nunca ha amenazado con una moción de censura en el Parlamento navarro.