Jose Manuel Soria, ayer, a la salida de los Juzgados de Las
Palmas de Gran Canaria
La jueza mantiene las acusaciones por cohecho y prevaricación tras escuchar a José Manuel Soria
La causa contra el presidente del Partido Popular en Canarias y Vicepresidente del Gobierno autónomo, José Manuel Soria, por un supuesto caso de cohecho y prevaricación en la concesión de licencias turísticas sigue a delante. Tras la declaración hecha ayer por el también consejero de economía del Gobierno canario, la jueza instructora, Margarita Varona, ha mantenido las imputaciones que recaen sobre él y el secretario general del partido, Manuel Fernandez, en el marco del llamado "caso Salmón".
Soria fue el primero en declarar en el día de ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el interrogatorio, que tuvo una duración de dos horas, la propia fiscal Varona y el fiscal Anticorrupción Luís del Río, escucharon los argumentos del líder del PP canario, quien defendió en todo momento su inocencia y aseguró que se trata de una campaña de descrédito iniciada por el periodista denunciante, Carlos Sosa, y auspiciada por el Partido Socialista. El vicepresidente del gobierno canario se presentó además en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con extractos bancarios y facturas con las que pretendía demostrar que el empresario noruego Bjorn Lyng no había pagado sus vacaciones en 2005 a cambio de un supuesto trato de favor. Sin embargo, según informa el diario grancanario LA PROVINCIA, el político admitió ante la magistrada que el trayecto de ida hasta Noruega se llevó a cabo en el 'jet' privado del empresario.
El llamado caso Salmón tiene como origen la denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa a raíz un viaje efectuado en 2005 por Jose Manuel Soria, por entonces presidente del Cabildo insular de Gran Canaria, hasta Noruega a pescar salmón. Este viaje se habría llevado a cabo a bordo del 'jet' privado del empresario nórdico Bjorn Lyng, propietario del complejo turístico Anfi Tauro, al sur de Gran Canaria, unos meses antes de que la institución presidida por Soria informara favorablemente sobre las más de 3.600 nuevas camas turísticas que pretendían construirse en dicho establecimiento. Este informe favorable resultaba indispensable para que el trámite de aprobación de las licencias turísticas siguiese adelante en el ámbito autonómico, puesto que en Canarias está vigente una Ley de Moratoria Turística que impide la construcción de nuevas plazas hoteleras, exceptuando algunas condiciones entre las que se encuentra la declaración de una obra como de "interés general" por el Parlamento, a petición de alguno de los cabildos insulares.
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