CC reclama "más soberanía" y "bilateralidad" en las relaciones con España

Los nacionalistas canarios cierran su IV Congreso eligiendo a Claudina Morales como presidenta

Nerviosismo de puertas adentro y polémica en el panorama político canario y estatal. Ambos han sido los resultados del movido IV Congreso Nacional que Coalición Canaria, formación política que gobierna en el archipiélago desde 1993, celebró el pasado fin de semana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Plamas de Gran Canaria. Lo más difícil parecía la elección del nuevo lider de la formación nacionalista. La designación de Claudina Morales como presidenta ni siquiera se barajaba hasta bien entrada la madrugada del domingo, cuando dos eran los nombres en liza: José Torres Stinga y Manuel Lobo. La imposibilidad de acercar posiciones entre las dos fracciones hicieron necesaria la improvisación de una tercera vía alternativa y de consenso, con lo que Morales, ex-senadora y actual concejala en el ayuntamiento de La Oliva, resultó elegida por aclamación. Pero si las horas previas a la designación fueron de infarto, la polémica ha vuelto a tocar a la puerta de los nacionalistas a cuentas de su recién aprobada ponencia ideológica, en la que reclaman la biletarilidad en las relaciones de Canarias con España y Bruselas, y reivindican un "status especial" para las islas, que permita "más soberanía" en el marco de un estado confederal.

La ponencia ideológica aprobada el pasado fin de semana por el Congreso de la formación, encargada al consejero de Empleo del Gobierno autónomo, Jorge Rodríguez, recoge la reivindicación nacionalista de que el Estado español reconozca los "derechos nacionales" del pueblo canario, y que estos sean recogidos en un "Estatuto Nacional Federal", que defina las peculiaridades del Archipiélago y un "status especial" para las Islas. Especialmente aclaratorio resulta el apartado del documento titulado "la construcción nacional de Canarias", en donde se apunta que Canarias es "una nación, un pueblo que quiere seguir progresando, siendo más soberano y libre". Por su parte, una de las reflexiones anexas a la citada ponencia ideológica apuntan que "no existe la nación española, ni el pueblo español como tal". Estas tesis parecen seguir la línea soberanista que ya el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha venido apuntando en los últimos meses, en los que ha escrito varios artículos en la prensa insular defendiendo un nuevo status político para Canarias, similar al que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Reacciones
Las reacciones a la nueva estrategia marcada por Coalición Canaria no se han hecho esperar. El pasado lunes el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, manifestó en rueda de prensa que "si el PP tuviera principios rompería inmediatamente la coalición de Gobierno" que en Canarias mantiene con CC desde las pasadas elecciones autonómicas, y que seguir en él "es incompatible" con las recriminaciones que este partido ha efectuado en el pasado al PSOE de "gobernar con partidos que rompían España". Por su parte, el Partido Popular, socio de la coalición nacionalista, rechazaba las posiciones soberanistas defendidas por CC. La secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, salió en rueda de prensa en defensa del Estado de las Autonomías fijado en la Constitución de 1978 y señaló que el acuerdo de gobierno que su formación tiene suscrito con Coalición Canaria "de ninguna manera habla de estos términos".
De Cospedal subrayó que el Partido Popular "ni con pacto ni sin pacto" con Coalición Canaria piensa amparar las demandas planteadas por el partido nacionalista en su congreso.

La fiscalía recurre el proceso de Garzón contra el franquismo

El Ministerio Público considera que se trata de crímenes comunes y ya prescritos

La fiscalía de la Audiencia Nacional pretende poner freno a la iniciativa del juez Baltasar Garzón de abrir causa a las atrocidades cometidas por el régimen franquista y sus principales dirigentes. El fiscal Javier Zaragoza considera, tal y como señala el recurso presentado en el día de ayer, que la represión que costó la vida a más de 100.000 personas del bando republicano no puede ser calificada como actos de crímenes contra la humanidad, sino que se trata de un conjunto de delitos comunes. Al contrario, el ministerio público apunta que el golpe de estado contra la República puede ser entendido como un delito de rebelión, por lo que la competencia hubiera correspondido a la jurisdicción militar, y no a la Audiencia Nacional. Además, la fiscalía sostiene que la Ley de Amnistía de 1977 debe ser aplicada en este caso, por lo que considera que se trata de delitos ya prescritos.

El recurso presentado por el fiscal Zaragoza es especialmente duro con el juez Garzón, acusando al magistrado de haber creado "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española". El documento, de 41 páginas, considera que al admitir a trámite el caso, Garzón abre una "causa general" al extender su investigación a todos los asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos desde la sublevación militar de 1936 hasta la posguerra. "La pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución"


Crímenes contra la humanidad
El juez Baltasar Garzón ha basado su auto contra la represión ejercida durante la Guerra Civil y el franquismo sobre el principio de que todos los que murieron fusilados y cuyos cadáveres no han aparecido son en realidad secuestros con desaparición forzosa, en un contexto de crímenes contra la humanidad, todo ello enmarcado en un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos. Este tipo de delitos, apunta el auto, no prescriben, sino que se mantienen de forma permanente, hasta que el secuestrado no aparezca o se encuentre su cadáver.
Para salvar el hecho de que no se pueden aplicar de forma retroactiva leyes penales que no estuviesen tipificadas en el momento en que se produjeran los hechos, Garzón apela a que se trataba de delitos comunes, como asesinatos, torturas, violaciones, saqueos, etcétera, tipificados ya en el Código Penal de 1932. Se acoge también el juez a la denomina cláusula Martens, aplicada a los nazis durante los juicios de Nuremberg, y que considera reconocida por el derecho internacional y natural.

Los Presupuestos alientan la división de la derecha navarra

Los Presupuestos Generales del Estado van camino de convertirse en motivo de divorcio para el PP y su hasta ahora “filial” navarra, Unión del Pueblo Navarro. La negativa de los regionalistas a apoyar la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado en el Congreso a las cuentas estatales ha motivado un cruce de acusaciones que podría conducir al final de la coalición entre ambas formaciones, y la subsiguiente constitución de un PP navarro con estructura propia.

El plazo de esta deriva ya está fijado. El próximo 23 de octubre los dos diputados de UPN tendrán que decidir entre respetar la decisión del último Comité Ejecutivo de su formación, que optó por la abstención, o hacer caso a las llamadas a la unidad de acción emitidas desde Génova. Sin embargo, a pesar de la inminencia de la votación, las posiciones parecen alejadas. El Partido Popular, hasta hace poco conciliador en cuanto a la posibilidad de resolver la crisis, emitía ayer un nuevo comunicado en el que expresaba que la falta de apoyo a la enmienda presentada por el PP “supondría que UPN actúa en contra del acuerdo y provocaría una ruptura unilateral por parte de UPN, ruptura que se produciría sin necesidad de denuncia a través de los hechos consumados”. Lo más novedoso es la amenaza implícita a conformar una estructura propia en la Comunidad Foral, al apuntar el comunicado que “es absolutamente irrenunciable para el PP garantizar la presencia de nuestro proyecto político en todo el territorio nacional y, por lo tanto, en Navarra”.

Del otro lado, el diputado regionalista Carlos Salvador afirmaba ayer ante los periodistas que él apuesta por la abstención, argumentando que “en Navarra no valen las dinámicas PP-PSOE o izquierda-derecha que hay en el resto de España. Allí los socialistas nos apoyan en casi todo, existe una relación muy fluida, y algún peaje lógico debemos pagar para separarles de Nafarroa Bai”. Por su parte, el presidente navarro y líder de UPN, Miguel Sanz, parece haber comenzado a calibrar las consecuencias del fin de la coalición. “Yo creo que para UPN no sería ni malo ni bueno, de lo que sí estoy convencido es de que sería malo para el PP”, explicaba el domingo en los actos de conmemoración de la Virgen del Pilar en Pamplona.

El PSN-PSOE, en medio
Los populares no tardaron en responsabilizar al Partido Socialista de la decisión de UPN de abstenerse a la enmienda presupuestaria, resultado de “una coacción clara, abierta y diáfana”, en palabras del portavoz de la formación conservadora, Esteban González Pons. En el PP consideran que el partido de Miguel Sanz se encuentra atado de pies y manos por el PSN, que permite el gobierno en minoría de los regionalistas en la Comunidad Foral. Precisamente, la falta de acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas de Nafarroa Bai, decidida desde Ferraz tras las elecciones autonómicas de junio de 2007, permitió la reelección de Sanz como presidente de la Comunidad.

Desde el PSOE, su vicesecretario general, José Blanco, alababa ayer la decisión de UPN de abstenerse en la votación de los presupuestos, una determinación que consideró “responsable y adecuada”, al tiempo que negó cualquier tipo de presión por parte de los socialistas navarros en este sentido. “Quiero desmentir que UPN haya sido presionada o chantajeada como algunos quieren poner de manifiesto”, sentenció Blanco, tras afirmar que su partido nunca ha amenazado con una moción de censura en el Parlamento navarro.